PALACIO DE CRISTAL
Sacado del n. 01 - 2004
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Reformar la ONU para hacerla “indispensable”
"Cada vez se siente más la necesidad de un nuevo orden internacional, que aproveche la experiencia y los resultados conseguidos durante estos años por la Organización de las Naciones Unidas". Son palabras pronunciadas por el Papa en la homilía del 1 de enero, solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y XXXVII Jornada Mundial de la Paz.
El slogan "si la ONU no existiera, habría que inventarla" no lo utilizan sólo quienes están implicados en los objetivos de la organización, convencidos defensores del multilateralismo. Lo está demostrando incluso el presidente Bush, quien, a pesar de que da señales de que quiere ir por su cuenta —véase, si no, la política americana con respecto al Protocolo de Kyoto, el Tribunal penal internacional, el desarme, la cuestión iraquí—, no esconde la necesidad de conseguir el imprimatur y cierta colaboración de las Naciones Unidas en la reconstrucción de Irak.
Pese a que esta convicción es compartida más o menos por todos, no cabe duda de que en el contexto en el que vivimos, si se quiere que sea operativa y eficaz la "indispensable" reunión internacional de las Naciones Unidas, hay que trabajar urgentemente en su reforma. En 1945 la ONU nació de la voluntad de asegurar el equilibrio y la seguridad internacionales en un contexto de guerra fría, y de la necesidad de codificar un conjunto de reglas y leyes internacionales para organizar la coexistencia pacífica de la humanidad basada en los derechos del hombre. Hoy el nuevo orden político y económico mundial ha de tener en cuenta, entre otras cosas, la interdependencia entre las naciones, la solidaridad, los mecanismos de aplicación del rico patrimonio del derecho internacional.
En este sentido, la Asamblea general, en su 58 sesión recién concluida, mantuvo un debate sobre la reforma de la institución, del que salió una resolución (la A/58/L.49) que refleja el contexto actual de interdependencia, y pretende otorgar mayor fuerza política a la Asamblea, innovando sus procedimientos y la organización del trabajo. En realidad, se trata de un paso modesto, si bien refleja la voluntad real de no empantanarse en este estadio. El representante estadounidense lamentó, incluso, que el texto de la resolución "no haya alcanzado totalmente el objetivo de revitalizar la Asamblea".
La verdadera cuestión no concierne a la modalidad de redacción, sino más bien al cumplimiento de las resoluciones, que son documentos de valor político y no jurídico. En este sentido, la última resolución contempla medidas de coordinación entre el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. No acaba de quedar claro el planteamiento inspirado en la subsidiaridad, que descansaría en mecanismos de control por parte de instancias regionales y grupos de países que presentaran las propuestas de resolución.
La reforma más audaz deberá hacerse en el Consejo de Seguridad, sobre los temas del veto y de la ampliación según una representación efectiva de países teniendo en cuenta criterios geográficos, culturales y de desarrollo económico. Una comisión de 16 notables ha recibido el encargo de presentar propuestas en la próxima sesión de la Asamblea General.
Otra reforma se está delineando también en el Consejo Económico y Social: se siente la exigencia de transformarlo de organismo más bien "académico" en consejo dotado de poder político para prevenir y controlar los grandes desequilibrios financieros, económicos, sociales, que nacen —o que incluso se crean adrede— cuando la financia y la economía mundial se dejan en manos exclusivamente de expertos e intérpretes de intereses nacionales o corporativos.
El ejercicio requiere buena voluntad por parte de todos los países de la comunidad internacional, sin excluir a ninguno. Las decisiones unilaterales poco equitativas y nada respetuosas del bien común que a veces se toman nacen de una interpretación politizada de los intereses nacionales, defendidos a ultranza, según las temáticas de la orden del día, por parte de todos los países: grandes y pequeños, desarrollados o no desarrollados. La sociedad civil, que cada vez se asocia más a la ONU, entendida como fuerza social casi carismática a la hora de interpretar las necesidades, el consenso y la voluntad popular y de llevar a cabo las decisiones a nivel nacional e internacional, necesita un corazón nuevo. So pena de caer en la "tiranía democrática" de unos pocos —mejor organizados y con más recursos— sobre la masa de la población mundial y los gobiernos locales.
Efectivamente, seguía diciendo el Papa el pasado 1 de enero, se necesita un nuevo orden internacional "que sea capaz de dar a los problemas de hoy soluciones adecuadas, fundadas en la dignidad de la persona humana, en un desarrollo integral de la sociedad, en la solidaridad ,ntre países ricos y pobres, en el deseo de compartir los recursos y los extraordinarios�logros�del progreso científico y técnico".
El slogan "si la ONU no existiera, habría que inventarla" no lo utilizan sólo quienes están implicados en los objetivos de la organización, convencidos defensores del multilateralismo. Lo está demostrando incluso el presidente Bush, quien, a pesar de que da señales de que quiere ir por su cuenta —véase, si no, la política americana con respecto al Protocolo de Kyoto, el Tribunal penal internacional, el desarme, la cuestión iraquí—, no esconde la necesidad de conseguir el imprimatur y cierta colaboración de las Naciones Unidas en la reconstrucción de Irak.
Pese a que esta convicción es compartida más o menos por todos, no cabe duda de que en el contexto en el que vivimos, si se quiere que sea operativa y eficaz la "indispensable" reunión internacional de las Naciones Unidas, hay que trabajar urgentemente en su reforma. En 1945 la ONU nació de la voluntad de asegurar el equilibrio y la seguridad internacionales en un contexto de guerra fría, y de la necesidad de codificar un conjunto de reglas y leyes internacionales para organizar la coexistencia pacífica de la humanidad basada en los derechos del hombre. Hoy el nuevo orden político y económico mundial ha de tener en cuenta, entre otras cosas, la interdependencia entre las naciones, la solidaridad, los mecanismos de aplicación del rico patrimonio del derecho internacional.
En este sentido, la Asamblea general, en su 58 sesión recién concluida, mantuvo un debate sobre la reforma de la institución, del que salió una resolución (la A/58/L.49) que refleja el contexto actual de interdependencia, y pretende otorgar mayor fuerza política a la Asamblea, innovando sus procedimientos y la organización del trabajo. En realidad, se trata de un paso modesto, si bien refleja la voluntad real de no empantanarse en este estadio. El representante estadounidense lamentó, incluso, que el texto de la resolución "no haya alcanzado totalmente el objetivo de revitalizar la Asamblea".
La verdadera cuestión no concierne a la modalidad de redacción, sino más bien al cumplimiento de las resoluciones, que son documentos de valor político y no jurídico. En este sentido, la última resolución contempla medidas de coordinación entre el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. No acaba de quedar claro el planteamiento inspirado en la subsidiaridad, que descansaría en mecanismos de control por parte de instancias regionales y grupos de países que presentaran las propuestas de resolución.
La reforma más audaz deberá hacerse en el Consejo de Seguridad, sobre los temas del veto y de la ampliación según una representación efectiva de países teniendo en cuenta criterios geográficos, culturales y de desarrollo económico. Una comisión de 16 notables ha recibido el encargo de presentar propuestas en la próxima sesión de la Asamblea General.
Otra reforma se está delineando también en el Consejo Económico y Social: se siente la exigencia de transformarlo de organismo más bien "académico" en consejo dotado de poder político para prevenir y controlar los grandes desequilibrios financieros, económicos, sociales, que nacen —o que incluso se crean adrede— cuando la financia y la economía mundial se dejan en manos exclusivamente de expertos e intérpretes de intereses nacionales o corporativos.
El ejercicio requiere buena voluntad por parte de todos los países de la comunidad internacional, sin excluir a ninguno. Las decisiones unilaterales poco equitativas y nada respetuosas del bien común que a veces se toman nacen de una interpretación politizada de los intereses nacionales, defendidos a ultranza, según las temáticas de la orden del día, por parte de todos los países: grandes y pequeños, desarrollados o no desarrollados. La sociedad civil, que cada vez se asocia más a la ONU, entendida como fuerza social casi carismática a la hora de interpretar las necesidades, el consenso y la voluntad popular y de llevar a cabo las decisiones a nivel nacional e internacional, necesita un corazón nuevo. So pena de caer en la "tiranía democrática" de unos pocos —mejor organizados y con más recursos— sobre la masa de la población mundial y los gobiernos locales.
Efectivamente, seguía diciendo el Papa el pasado 1 de enero, se necesita un nuevo orden internacional "que sea capaz de dar a los problemas de hoy soluciones adecuadas, fundadas en la dignidad de la persona humana, en un desarrollo integral de la sociedad, en la solidaridad ,ntre países ricos y pobres, en el deseo de compartir los recursos y los extraordinarios�logros�del progreso científico y técnico".
