REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL...
Sacado del n. 12 - 2009
|
|
|
Congo: la lucha continúa
En enero de 2009 la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda firmaron acuerdos diplomáticos y militares. Parecía el comienzo de un periodo de paz, pero no ha sido así. Y la Iglesia de Kivu, que denuncia los delitos cometidos contra civiles, está en el punto de mira
por Davide Malacaria
«El comandante de las operaciones conjuntas […] informa al
público que el ex general Laurent Nkunda ha sido detenido el jueves
22 de enero a las 22.30 horas, mientras intentaba una huida
desesperada». Con este comunicado se anunció en enero de 2009
el final de la aventura del último señor de la guerra que
había contribuido a alimentar el matadero Kivu, zona oriental de la
República Democrática del Congo [en adelante sólo
Congo, n. de la r.],
donde en los últimos quince años se consumó lo que
probablemente será recordado como el genocidio africano
más trágico. Cerraron el caso Nkunda las tropas ruandesas y
congoleñas. Después de años de hostilidad
recíproca, parecía el comienzo de un periodo de paz, pero no
ha sido así.
![Refugiados de la ciudad de Kiwanja, en Kivu del norte, noviembre de 2008
[© AFP/Getty Images]](/upload/articoli_immagini_interne/1265900310806.jpg)
El conflicto
Cuatro millones y medio de víctimas (quizás muchas más): es el trágico balance de las dos guerras que han ensangrentado el Congo entre 1996 y 2003. Guerras en las que Ruanda y Uganda (y Burundi) han intentado tomar el control de las regiones orientales del país, encontrando la resistencia de las mal preparadas tropas congoleñas, o la de las aguerridas poblaciones locales, los Mai Mai, y de otras naciones africanas (Angola y Namibia especialmente) aliadas de Kinshasa en el último conflicto. Una guerra ligada al genocidio ruandés cuando, en 1994, hombres de la etnia hutu masacraron a 800.000 personas, entre pertenecientes a la etnia minoritaria tutsi y hutus considerados moderados. Dos años después de las matanzas, el gobierno de Kigali, hegemonizado por los tutsis procedentes de Uganda que mientras tanto habían subido al poder, decide atacar a los autores del genocidio, que se habían refugiado en las regiones orientales del Congo junto con una multitud de simples refugiados aterrorizados por la perspectiva de una venganza indiscriminada.
Luego, tras años de matanzas, saqueos y violaciones en masa, llega en 2003 la anhelada paz. Pero en el este, en las regiones de Ituri y Kivu, siguen luchando los muchos señores de la guerra ligados a los países limítrofes, en particular a Ruanda y Uganda. El último de ellos, el feroz Laurent Nkunda (en realidad Nkundabatware, apellido ruandés, abreviado para que parezca congoleño), fue arrestado, como decíamos, en enero de 2009. Parece el preludio de un periodo de tranquilidad, dado que, por primera vez, después de años de conflictos, Ruanda, Uganda y Congo firman acuerdos de paz y de cooperación militar. Específicamente se le concede a Ruanda la posibilidad de perseguir en territorio congoleño a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, FDLR, acusadas de contar entre sus filas a los autores del genocidio ruandés (los llamados Interahamwe), y, del mismo modo, a Uganda de perseguir a las formaciones de los rebeldes del Ejército de Liberación del Señor, LRA. Pero hasta hoy no se han parado las matanzas de civiles. Y con ellas el éxodo de decenas de miles de personas que huyen de la violencia.
En Kivu, en efecto, campan por sus reales varias bandas armadas que se financian con el contrabando de minerales preciosos, las FDRL en primer lugar, la más poderosa y organizada; y luego las demás: la Organización para la Unidad y la Democracia (Rud-Urunana), algunas formaciones de los Mai Mai, las Fuerzas Republicanas Federalistas (FRF), algunos elementos pertenecientes a las Fuerzas de Liberación Nacional (FNL), que matan recitando salmos bíblicos, la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS), etc. «En realidad detrás de todos estos grupos están las mismas personas y los mismos ámbitos de interés», explica monseñor Melchisedec Sikuli Paluku, obispo de Butembo-Beni, diócesis de Kivu del norte, de paso por Italia. «Nosotros creemos que detrás de los conflictos que ensangrientan el Congo hay un plan, un proyecto internacional para separar el este, la zona más rica del país, del resto de la nación. Un proyecto que se concreta de varios modos, uno de ellos está a la vista de todo el mundo: hacer que el territorio sea ingobernable, convertirlo en una tierra de nadie, fuera del control de las autoridades locales y nacionales, para depredar sus riquezas naturales. El paso siguiente prevé que Kivu sea una provincia autónoma, en favor de las compañías mineras y de las multinacionales occidentales: la región entraría, de hecho, en la órbita de los Estados limítrofes, es decir, Ruanda y Uganda. Todos estos conflictos, estas matanzas, este terrorismo pretenden enervar a la población local, agotar su voluntad, de modo que vean esta perspectiva como una especie de liberación. Una estrategia que la Conferencia episcopal congoleña definió con una palabra: balcanización».
La expoliación de las minas de Kivu tiene lugar de manera sistemática: las bandas armadas supervisan y controlan las excavaciones en los territorios donde se han asentado. Luego, los minerales se pasan de contrabando a los Estados limítrofes, donde “se blanquean” y así pueden ser “adquiridos” por las grandes multinacionales, sobre todo las occidentales.
Y para complicar aún más las cosas, la quiebra del ejército del Congo, incapaz de acabar con las correrías, o cómplice de los movimientos armados. El problema es que las tropas congoleñas, durante los varios procesos de paz, han incorporado en sus filas a las milicias de los varios señores de la guerra. Según el último informe de la ONU que analiza la situación regional, ha sido especialmente trágico el ingreso de los militantes del CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo), liderado antes por Nkunda. Ahora muchos de los jefes del CNDP ocupan puestos de mando en el ejército regular. «El informe detalla cómo el ejército congoleño suministra armas a los varios movimientos armados, en particular a las FDLR. Se evidencian sobre todo los contactos entre este movimiento y los oficiales que pertenecían al CNDP. Una circunstancia que plantea interrogantes sobre las verdaderas relaciones existentes entre fuerzas que se suponen adversarias...», comenta el padre Loris Cattani, miembro de Rete pace per il Congo, una asociación que agrupa a algunas familias misioneras que trabajan en el país centroafricano. «En realidad», dice el padre Cattani, «lo que ha ocurrido en Kivu es, en su complejidad, muy sencillo: lo que el CNDP no ha logrado con la guerra desencadenada por Nkunda lo ha conseguido gracias a la paz y a la integración en el ejército congoleño. Con una diferencia: antes controlaba sólo Kivu del norte, ahora ha extendido su influencia a Kivu del sur... Por ahora reina una pacificación aparente, rota por episodios de violencia que parecen esporádicos, pero me temo lo peor. El CNDP está presionando para que algunos de sus miembros entren en el gobierno central; desde allí promoverán un referéndum sobre la autodeterminación de Kivu para que sea una región autónoma. El problema es que las poblaciones locales, formadas por una multiplicidad de etnias, no aceptarán que les gobierne una sola, la tutsi, y será la guerra... es algo, creo, que la comunidad internacional infravalora». Balcanización, decíamos.
![Monseñor François Xavier Maroy Rusengo, arzobispo de Bukavu <BR>[© Romano Siciliani]](/upload/articoli_immagini_interne/1265900366743.jpg)
La Iglesia en el objetivo
En la víspera de la apertura del Sínodo para África, el 3 de octubre de 2009, fue atacada y saqueada la casa iacute;tulo es elocuente: Las causas del terrorismo dirigido contra la archidiócesis de Bukavu. Se lee en el informe que la repetición de estas acciones violentas no deja lugar a dudas sobre su carácter para nada accidental, y mucho menos casual. Y añade: «Es importante notar que, en la mayor parte de los casos, estos crímenes repetidos, dirigidos contra los eclesiásticos y los religiosos de la archidiócesis de Bukavu, fueron perpetrados, según los testigos, por hombres armados en uniforme».
Según el documento, las causas de esta estrategia del terror hay que buscarlas, ante todo, en el hecho de que «los sacerdotes y los religiosos son testigos engorrosos de robos, matanzas, violaciones de los derechos humanos perpetrados masivamente en esta región después de 1996». Engorrosos hoy también, sigue diciendo el padre Mugaruka, porque los que atacan a la Iglesia local, desde siempre voz de los oprimidos, pretenden «romper la resistencia popular contra la hegemonía ruandesa».
En fin, la Iglesia está en el objetivo. El hecho es que en el Congo no se matan a curas y monjas en nombre del fundamentalismo islámico, sino del progreso y de las multinacionales occidentales. Quizá por eso no son noticia.
Este clima de intimidación y amenazas ha tocado también al obispo de Butembo-Beni. Monseñor Sikuli Paluku se ha visto obligado a cambiar a menudo de lugar donde reclinar su cabeza. Pero cuando le preguntamos sobre las amenazas personales que ha recibido minimiza y en su cara florece una sonrisa de niño (si no os hacéis como niños...). Monseñor no quiere hablar de estas cosas. Insistimos. Cede: «La Iglesia razona con otros términos, confiada en la Divina Providencia». Y aún con esa sonrisa, que es al mismo tiempo inteligencia de las cosas y abandono. «A uno que me hablaba de estas amenazas, le contesté: ¿Y si luego, después de mí, viene un obispo más duro que yo en denunciar los crímenes contra el pueblo?».
La desinformación
Cuando las personas incómodas no pueden ser eliminadas físicamente, queda siempre el arma de la desinformación. Según el documento del padre Mugaruka se está llevando a cabo una campaña de criminalización sistemática de todos los líderes políticos y religiosos locales, descritos como racistas antitutsis, «con el fin de golpear, decapitándola, la resistencia popular congoleña de Kivu» contra la política hegemónica de Kigali. Una manipulación, según el sacerdote, capaz de «intoxicar» la diplomacia y la opinión pública de los países occidentales. De ahí que, hasta hoy, «la archidiócesis de Bukavu siga excluida de las ayudas financieras procedentes de los países de la Unión Europea».
Por lo demás, en este conflicto, la práctica de la difamación fue usada ampliamente también en el pasado. Es ejemplar, al respecto, el caso de monseñor Emmanuel Kataliko, quien sustituyó en el gobierno pastoral de la archidiócesis de Bukavu a monseñor Christophe Munzihirwa que, habiendo comprendido y denunciado desde los años noventa el peligro de una balcanización de la región, fue asesinado por milicias filoruandesas el primer día de guerra. También Kataliko levantó la voz, para superar el ruido de las armas y llamar la atención de la comunidad internacional sobre los crímenes que se estaban cometiendo en el Congo. Pero debido a una sofisticada manipulación se vio obligado a exiliarse. Habiendo escrito que la Iglesia se quedaría al lado de «todos los oprimidos, y si fuera necesario, hasta derramar la sangre», le acusaron de incitamiento al genocidio y le obligaron al exilio, que terminó sólo una semana antes de su muerte repentina.
También han sido víctimas recientemente de esta práctica los misioneros que trabajan en aquellas zonas, y que desde siempre están al lado de las poblaciones oprimidas. A finales de noviembre, una semana antes del asesinato del sacerdote y de la religiosa de la archidiócesis de Bukavu, los periódicos italianos anticiparon partes del último informe de la ONU. Ignorando temas mucho más dramáticos y significativos, algún informador difundió el contenido de algunas páginas del informe en las que se acusa a ONGs católicas españolas y a algunos misioneros italianos de estar en relación con los rebeldes. Los italianos son dos padres javerianos: el padre Pier Giorgio Lanaro, que trabaja en Kasongo, y el padre Franco Bordignon, que en los decenios pasados había trabajado activamente por el respeto de los derechos humanos en la región. Contactado telefónicamente, el responsable de los javerianos en el Congo niega de manera categórica que las ayudas enviadas por el padre Lanaro hayan servido de alguna manera para armar a los rebeldes. «Por lo demás, si se lee la parte del informe en que se analiza el caso de nuestro hermano, no se habla nunca de armas, ni en el documento ni en sus anexos. El problema es que los misioneros que trabajan en esas zonas, como el padre Lanaro, se encuentran con situaciones de extrema necesidad y a menudo es difícil, en circunstancias tan complicadas donde miembros de las bandas armadas con sus familias se mezclan con la extenuada población local, discernir los modos y las formas más adecuadas para ayudar». Más detallada fue la respuesta oficial de la Congregación de los Misioneros Javerianos que, con un comunicado de prensa, desmontó punto por punto las acusaciones. Ante todo, señalan los javerianos, el padre Lanaro fue víctima de un extraño personaje, que se hacía pasar por sacerdote, que lo enredó en un «engranaje» perverso cuyo fin era fabricar indicios para comprometerlo. Además los misioneros aclaran que en el informe se señala un banco de Bukavu, y una cuenta corriente, por el que tendrían que haber pasado fondos destinados a las FDLR, cuenta y fondos que, simplemente, no existen. Al padre Lanaro se le imputan también unas conversaciones telefónicas con Ignace Murwanashyaka, presidente en exilio (en Alemania) de las FDLR, conversaciones que, aclara el comunicado de los javerianos, estaban orientadas a conseguir información sobre algunas matanzas cometidas en su territorio. Además, también la cifra indicada en el informe es risible: la financiación consistiría en unos 2.000 euros, usados, se especifica, para comprar tiendas de campaña. Al Padre Bordignon, se le mete en el enredo por ser el ecónomo de los javerianos de la zona: tenía que saber... En resumen, un bocado envenenado para los expertos de la ONU.
También desde España se levantaron voces, no sólo eclesiales, de solidaridad con las ONGs españolas que acabaron en la trituradora. El padre Cattani se limita a hacer notar que las ONGs en cuestión eran las promotoras de una campaña que pretendía arrojar luz sobre el asesinato de algunos compatriotas. Y que la justicia española, bajo el impulso de estas solicitaciones, ha abierto un sumario que parece haber llegado a las mismas conclusiones a las que había llegado un sumario análogo de la justicia francesa que, en el pasado, había expedido una orden de captura contra el jefe del protocolo del presidente ruandés Paul Kagame.
![Laurent Nkunda [© AFP/Getty Images]](/upload/articoli_immagini_interne/1265900310900.jpg)
Intereses internacionales
El informe suscita otras perplejidades, que quizá se explican con la dificultad de realizar investigaciones en un contexto tan complejo. Ante todo, en la sección dedicada al tráfico de armas se limita a investigar sobre el abastecimiento de armas por parte del ejército regular congoleño. Y, sin embargo, en otras partes, describe la tupida red de relaciones que las varias bandas armadas mantienen en los países limítrofes, cuyo fin es el comercio de minerales preciosos y el reclutamiento de nuevos afiliados. ¿Es posible que de estos patrocinadores no llegue ni una pistola? Además, el papel de Ruanda en el conflicto es minimizado, frente a muchos documentos que prueban lo contrario. El informe hace una alusión muy significativa de este papel, cuando señala que, desde su prisión ruandesa, Nkunda mantiene aún contacto con sus camaradas del CNDP y preside reuniones militares. Y luego está la cuestión del coltán (sirve para construir componentes de ordenadores y teléfonos móviles), quizás el material más precioso que hay en Kivu (las reservas más ricas del mundo), que se vende de contrabando a través de Ruanda, y que el informe casi no menciona, mientras que investiga sobre el tráfico de otros minerales precisos que pasan por los otros Estados limítrofes. «Algunos de estos aspectos fueron estudiados detenidamente en anteriores informes de la ONU y tal vez el grupo de trabajo actual no ha querido volver a tratarlos», relativiza el padre Cattani. «En mi opinión este documento tiene méritos evidentes. En primer lugar, el de revelar lo que muchos observadores denuncian desde hace tiempo: las operaciones militares conjuntas para desarticular las bandas armadas no han servido para nada, si no para causar otros duelos y sufrimientos a la población. Además está muy bien documentada la gran influencia que los ex miembros del CNDP ejercen en el ejército congoleño y las relaciones entre los antiguos partidarios de Nkunda y las facciones armadas. Elementos que la comunidad internacional tendría que tener en cuenta. De todos modos, para eliminar las fuentes de financiación de las bandas armadas sería suficiente una medida sencilla: conseguir trazar realmente los minerales preciosos procedentes del Congo».
La verdad es que los intereses en juego son muchos. «Este clima que no es ni de paz ni de guerra», se lee en el análisis del padre Mugaruka, «y que perdura en el este de la República Democrática del Congo, favorece la explotación ilegal de los recursos naturales y estratégicos que abundan en esta parte del país, llevada a cabo por redes mafiosas estatales y no estatales, nacionales e internacionales, que trabajan para favorecer la guerra y que tiene su bases de tránsito en los países limítrofes, Ruanda, Uganda y el mismo Burundi. Los varios informes de los expertos de la ONU han identificado estas redes mafiosas activas aún hoy, gracias a la complicidad de los Estados vecinos y de otros, occidentales y asiáticos, explícitamente identificados y conocidos».
Intereses fuertes, situación compleja. Es sintomático de lo complicado que son los asuntos congoleños lo que sucedió a finales de noviembre. Ignace Murwanashyaka, presidente de las FDLR, fue arrestado por la justicia alemana, con acusaciones muy graves. Una disposición que pareció favorecer la pacificación y el diálogo. Y, sin embargo, según fuentes muy informadas de la sociedad civil congoleña, quizás es todo lo contrario: desde abril del año pasado Murwanashyaka estaba participando en negociaciones humanitarias para aliviar los sufrimientos de los civiles que han quedado atrapados en las zonas de los rebeldes. Pero en cambio, a muchos de los antiguos miembros del CNDP, como al ex jefe de Estado mayor de Nkunda acusado de crímenes inenarrables, se les sigue confiando tareas de protección de la población congoleña...
Una madeja realmente enredada la del Congo. Y, sin embargo, la comunidad internacional tiene que tratar de desenredarla. O la situación, ya trágica, podría caer en el abismo de un nuevo genocidio, cuyos responsables están ya escritos en los informes de la ONU.
Refugiados de la ciudad de Kiwanja, en Kivu del norte, noviembre de 2008 [© AFP/Getty Images]
Cuatro millones y medio de víctimas (quizás muchas más): es el trágico balance de las dos guerras que han ensangrentado el Congo entre 1996 y 2003. Guerras en las que Ruanda y Uganda (y Burundi) han intentado tomar el control de las regiones orientales del país, encontrando la resistencia de las mal preparadas tropas congoleñas, o la de las aguerridas poblaciones locales, los Mai Mai, y de otras naciones africanas (Angola y Namibia especialmente) aliadas de Kinshasa en el último conflicto. Una guerra ligada al genocidio ruandés cuando, en 1994, hombres de la etnia hutu masacraron a 800.000 personas, entre pertenecientes a la etnia minoritaria tutsi y hutus considerados moderados. Dos años después de las matanzas, el gobierno de Kigali, hegemonizado por los tutsis procedentes de Uganda que mientras tanto habían subido al poder, decide atacar a los autores del genocidio, que se habían refugiado en las regiones orientales del Congo junto con una multitud de simples refugiados aterrorizados por la perspectiva de una venganza indiscriminada.
Luego, tras años de matanzas, saqueos y violaciones en masa, llega en 2003 la anhelada paz. Pero en el este, en las regiones de Ituri y Kivu, siguen luchando los muchos señores de la guerra ligados a los países limítrofes, en particular a Ruanda y Uganda. El último de ellos, el feroz Laurent Nkunda (en realidad Nkundabatware, apellido ruandés, abreviado para que parezca congoleño), fue arrestado, como decíamos, en enero de 2009. Parece el preludio de un periodo de tranquilidad, dado que, por primera vez, después de años de conflictos, Ruanda, Uganda y Congo firman acuerdos de paz y de cooperación militar. Específicamente se le concede a Ruanda la posibilidad de perseguir en territorio congoleño a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, FDLR, acusadas de contar entre sus filas a los autores del genocidio ruandés (los llamados Interahamwe), y, del mismo modo, a Uganda de perseguir a las formaciones de los rebeldes del Ejército de Liberación del Señor, LRA. Pero hasta hoy no se han parado las matanzas de civiles. Y con ellas el éxodo de decenas de miles de personas que huyen de la violencia.
En Kivu, en efecto, campan por sus reales varias bandas armadas que se financian con el contrabando de minerales preciosos, las FDRL en primer lugar, la más poderosa y organizada; y luego las demás: la Organización para la Unidad y la Democracia (Rud-Urunana), algunas formaciones de los Mai Mai, las Fuerzas Republicanas Federalistas (FRF), algunos elementos pertenecientes a las Fuerzas de Liberación Nacional (FNL), que matan recitando salmos bíblicos, la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS), etc. «En realidad detrás de todos estos grupos están las mismas personas y los mismos ámbitos de interés», explica monseñor Melchisedec Sikuli Paluku, obispo de Butembo-Beni, diócesis de Kivu del norte, de paso por Italia. «Nosotros creemos que detrás de los conflictos que ensangrientan el Congo hay un plan, un proyecto internacional para separar el este, la zona más rica del país, del resto de la nación. Un proyecto que se concreta de varios modos, uno de ellos está a la vista de todo el mundo: hacer que el territorio sea ingobernable, convertirlo en una tierra de nadie, fuera del control de las autoridades locales y nacionales, para depredar sus riquezas naturales. El paso siguiente prevé que Kivu sea una provincia autónoma, en favor de las compañías mineras y de las multinacionales occidentales: la región entraría, de hecho, en la órbita de los Estados limítrofes, es decir, Ruanda y Uganda. Todos estos conflictos, estas matanzas, este terrorismo pretenden enervar a la población local, agotar su voluntad, de modo que vean esta perspectiva como una especie de liberación. Una estrategia que la Conferencia episcopal congoleña definió con una palabra: balcanización».
La expoliación de las minas de Kivu tiene lugar de manera sistemática: las bandas armadas supervisan y controlan las excavaciones en los territorios donde se han asentado. Luego, los minerales se pasan de contrabando a los Estados limítrofes, donde “se blanquean” y así pueden ser “adquiridos” por las grandes multinacionales, sobre todo las occidentales.
Y para complicar aún más las cosas, la quiebra del ejército del Congo, incapaz de acabar con las correrías, o cómplice de los movimientos armados. El problema es que las tropas congoleñas, durante los varios procesos de paz, han incorporado en sus filas a las milicias de los varios señores de la guerra. Según el último informe de la ONU que analiza la situación regional, ha sido especialmente trágico el ingreso de los militantes del CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo), liderado antes por Nkunda. Ahora muchos de los jefes del CNDP ocupan puestos de mando en el ejército regular. «El informe detalla cómo el ejército congoleño suministra armas a los varios movimientos armados, en particular a las FDLR. Se evidencian sobre todo los contactos entre este movimiento y los oficiales que pertenecían al CNDP. Una circunstancia que plantea interrogantes sobre las verdaderas relaciones existentes entre fuerzas que se suponen adversarias...», comenta el padre Loris Cattani, miembro de Rete pace per il Congo, una asociación que agrupa a algunas familias misioneras que trabajan en el país centroafricano. «En realidad», dice el padre Cattani, «lo que ha ocurrido en Kivu es, en su complejidad, muy sencillo: lo que el CNDP no ha logrado con la guerra desencadenada por Nkunda lo ha conseguido gracias a la paz y a la integración en el ejército congoleño. Con una diferencia: antes controlaba sólo Kivu del norte, ahora ha extendido su influencia a Kivu del sur... Por ahora reina una pacificación aparente, rota por episodios de violencia que parecen esporádicos, pero me temo lo peor. El CNDP está presionando para que algunos de sus miembros entren en el gobierno central; desde allí promoverán un referéndum sobre la autodeterminación de Kivu para que sea una región autónoma. El problema es que las poblaciones locales, formadas por una multiplicidad de etnias, no aceptarán que les gobierne una sola, la tutsi, y será la guerra... es algo, creo, que la comunidad internacional infravalora». Balcanización, decíamos.
Monseñor François Xavier Maroy Rusengo, arzobispo de Bukavu
[© Romano Siciliani]
En la víspera de la apertura del Sínodo para África, el 3 de octubre de 2009, fue atacada y saqueada la casa iacute;tulo es elocuente: Las causas del terrorismo dirigido contra la archidiócesis de Bukavu. Se lee en el informe que la repetición de estas acciones violentas no deja lugar a dudas sobre su carácter para nada accidental, y mucho menos casual. Y añade: «Es importante notar que, en la mayor parte de los casos, estos crímenes repetidos, dirigidos contra los eclesiásticos y los religiosos de la archidiócesis de Bukavu, fueron perpetrados, según los testigos, por hombres armados en uniforme».
Según el documento, las causas de esta estrategia del terror hay que buscarlas, ante todo, en el hecho de que «los sacerdotes y los religiosos son testigos engorrosos de robos, matanzas, violaciones de los derechos humanos perpetrados masivamente en esta región después de 1996». Engorrosos hoy también, sigue diciendo el padre Mugaruka, porque los que atacan a la Iglesia local, desde siempre voz de los oprimidos, pretenden «romper la resistencia popular contra la hegemonía ruandesa».
En fin, la Iglesia está en el objetivo. El hecho es que en el Congo no se matan a curas y monjas en nombre del fundamentalismo islámico, sino del progreso y de las multinacionales occidentales. Quizá por eso no son noticia.
Este clima de intimidación y amenazas ha tocado también al obispo de Butembo-Beni. Monseñor Sikuli Paluku se ha visto obligado a cambiar a menudo de lugar donde reclinar su cabeza. Pero cuando le preguntamos sobre las amenazas personales que ha recibido minimiza y en su cara florece una sonrisa de niño (si no os hacéis como niños...). Monseñor no quiere hablar de estas cosas. Insistimos. Cede: «La Iglesia razona con otros términos, confiada en la Divina Providencia». Y aún con esa sonrisa, que es al mismo tiempo inteligencia de las cosas y abandono. «A uno que me hablaba de estas amenazas, le contesté: ¿Y si luego, después de mí, viene un obispo más duro que yo en denunciar los crímenes contra el pueblo?».
Los funerales de monseñor Emmanuel Kataliko
Cuando las personas incómodas no pueden ser eliminadas físicamente, queda siempre el arma de la desinformación. Según el documento del padre Mugaruka se está llevando a cabo una campaña de criminalización sistemática de todos los líderes políticos y religiosos locales, descritos como racistas antitutsis, «con el fin de golpear, decapitándola, la resistencia popular congoleña de Kivu» contra la política hegemónica de Kigali. Una manipulación, según el sacerdote, capaz de «intoxicar» la diplomacia y la opinión pública de los países occidentales. De ahí que, hasta hoy, «la archidiócesis de Bukavu siga excluida de las ayudas financieras procedentes de los países de la Unión Europea».
Por lo demás, en este conflicto, la práctica de la difamación fue usada ampliamente también en el pasado. Es ejemplar, al respecto, el caso de monseñor Emmanuel Kataliko, quien sustituyó en el gobierno pastoral de la archidiócesis de Bukavu a monseñor Christophe Munzihirwa que, habiendo comprendido y denunciado desde los años noventa el peligro de una balcanización de la región, fue asesinado por milicias filoruandesas el primer día de guerra. También Kataliko levantó la voz, para superar el ruido de las armas y llamar la atención de la comunidad internacional sobre los crímenes que se estaban cometiendo en el Congo. Pero debido a una sofisticada manipulación se vio obligado a exiliarse. Habiendo escrito que la Iglesia se quedaría al lado de «todos los oprimidos, y si fuera necesario, hasta derramar la sangre», le acusaron de incitamiento al genocidio y le obligaron al exilio, que terminó sólo una semana antes de su muerte repentina.
También han sido víctimas recientemente de esta práctica los misioneros que trabajan en aquellas zonas, y que desde siempre están al lado de las poblaciones oprimidas. A finales de noviembre, una semana antes del asesinato del sacerdote y de la religiosa de la archidiócesis de Bukavu, los periódicos italianos anticiparon partes del último informe de la ONU. Ignorando temas mucho más dramáticos y significativos, algún informador difundió el contenido de algunas páginas del informe en las que se acusa a ONGs católicas españolas y a algunos misioneros italianos de estar en relación con los rebeldes. Los italianos son dos padres javerianos: el padre Pier Giorgio Lanaro, que trabaja en Kasongo, y el padre Franco Bordignon, que en los decenios pasados había trabajado activamente por el respeto de los derechos humanos en la región. Contactado telefónicamente, el responsable de los javerianos en el Congo niega de manera categórica que las ayudas enviadas por el padre Lanaro hayan servido de alguna manera para armar a los rebeldes. «Por lo demás, si se lee la parte del informe en que se analiza el caso de nuestro hermano, no se habla nunca de armas, ni en el documento ni en sus anexos. El problema es que los misioneros que trabajan en esas zonas, como el padre Lanaro, se encuentran con situaciones de extrema necesidad y a menudo es difícil, en circunstancias tan complicadas donde miembros de las bandas armadas con sus familias se mezclan con la extenuada población local, discernir los modos y las formas más adecuadas para ayudar». Más detallada fue la respuesta oficial de la Congregación de los Misioneros Javerianos que, con un comunicado de prensa, desmontó punto por punto las acusaciones. Ante todo, señalan los javerianos, el padre Lanaro fue víctima de un extraño personaje, que se hacía pasar por sacerdote, que lo enredó en un «engranaje» perverso cuyo fin era fabricar indicios para comprometerlo. Además los misioneros aclaran que en el informe se señala un banco de Bukavu, y una cuenta corriente, por el que tendrían que haber pasado fondos destinados a las FDLR, cuenta y fondos que, simplemente, no existen. Al padre Lanaro se le imputan también unas conversaciones telefónicas con Ignace Murwanashyaka, presidente en exilio (en Alemania) de las FDLR, conversaciones que, aclara el comunicado de los javerianos, estaban orientadas a conseguir información sobre algunas matanzas cometidas en su territorio. Además, también la cifra indicada en el informe es risible: la financiación consistiría en unos 2.000 euros, usados, se especifica, para comprar tiendas de campaña. Al Padre Bordignon, se le mete en el enredo por ser el ecónomo de los javerianos de la zona: tenía que saber... En resumen, un bocado envenenado para los expertos de la ONU.
También desde España se levantaron voces, no sólo eclesiales, de solidaridad con las ONGs españolas que acabaron en la trituradora. El padre Cattani se limita a hacer notar que las ONGs en cuestión eran las promotoras de una campaña que pretendía arrojar luz sobre el asesinato de algunos compatriotas. Y que la justicia española, bajo el impulso de estas solicitaciones, ha abierto un sumario que parece haber llegado a las mismas conclusiones a las que había llegado un sumario análogo de la justicia francesa que, en el pasado, había expedido una orden de captura contra el jefe del protocolo del presidente ruandés Paul Kagame.
Laurent Nkunda [© AFP/Getty Images]
El informe suscita otras perplejidades, que quizá se explican con la dificultad de realizar investigaciones en un contexto tan complejo. Ante todo, en la sección dedicada al tráfico de armas se limita a investigar sobre el abastecimiento de armas por parte del ejército regular congoleño. Y, sin embargo, en otras partes, describe la tupida red de relaciones que las varias bandas armadas mantienen en los países limítrofes, cuyo fin es el comercio de minerales preciosos y el reclutamiento de nuevos afiliados. ¿Es posible que de estos patrocinadores no llegue ni una pistola? Además, el papel de Ruanda en el conflicto es minimizado, frente a muchos documentos que prueban lo contrario. El informe hace una alusión muy significativa de este papel, cuando señala que, desde su prisión ruandesa, Nkunda mantiene aún contacto con sus camaradas del CNDP y preside reuniones militares. Y luego está la cuestión del coltán (sirve para construir componentes de ordenadores y teléfonos móviles), quizás el material más precioso que hay en Kivu (las reservas más ricas del mundo), que se vende de contrabando a través de Ruanda, y que el informe casi no menciona, mientras que investiga sobre el tráfico de otros minerales precisos que pasan por los otros Estados limítrofes. «Algunos de estos aspectos fueron estudiados detenidamente en anteriores informes de la ONU y tal vez el grupo de trabajo actual no ha querido volver a tratarlos», relativiza el padre Cattani. «En mi opinión este documento tiene méritos evidentes. En primer lugar, el de revelar lo que muchos observadores denuncian desde hace tiempo: las operaciones militares conjuntas para desarticular las bandas armadas no han servido para nada, si no para causar otros duelos y sufrimientos a la población. Además está muy bien documentada la gran influencia que los ex miembros del CNDP ejercen en el ejército congoleño y las relaciones entre los antiguos partidarios de Nkunda y las facciones armadas. Elementos que la comunidad internacional tendría que tener en cuenta. De todos modos, para eliminar las fuentes de financiación de las bandas armadas sería suficiente una medida sencilla: conseguir trazar realmente los minerales preciosos procedentes del Congo».
La verdad es que los intereses en juego son muchos. «Este clima que no es ni de paz ni de guerra», se lee en el análisis del padre Mugaruka, «y que perdura en el este de la República Democrática del Congo, favorece la explotación ilegal de los recursos naturales y estratégicos que abundan en esta parte del país, llevada a cabo por redes mafiosas estatales y no estatales, nacionales e internacionales, que trabajan para favorecer la guerra y que tiene su bases de tránsito en los países limítrofes, Ruanda, Uganda y el mismo Burundi. Los varios informes de los expertos de la ONU han identificado estas redes mafiosas activas aún hoy, gracias a la complicidad de los Estados vecinos y de otros, occidentales y asiáticos, explícitamente identificados y conocidos».
Intereses fuertes, situación compleja. Es sintomático de lo complicado que son los asuntos congoleños lo que sucedió a finales de noviembre. Ignace Murwanashyaka, presidente de las FDLR, fue arrestado por la justicia alemana, con acusaciones muy graves. Una disposición que pareció favorecer la pacificación y el diálogo. Y, sin embargo, según fuentes muy informadas de la sociedad civil congoleña, quizás es todo lo contrario: desde abril del año pasado Murwanashyaka estaba participando en negociaciones humanitarias para aliviar los sufrimientos de los civiles que han quedado atrapados en las zonas de los rebeldes. Pero en cambio, a muchos de los antiguos miembros del CNDP, como al ex jefe de Estado mayor de Nkunda acusado de crímenes inenarrables, se les sigue confiando tareas de protección de la población congoleña...
Una madeja realmente enredada la del Congo. Y, sin embargo, la comunidad internacional tiene que tratar de desenredarla. O la situación, ya trágica, podría caer en el abismo de un nuevo genocidio, cuyos responsables están ya escritos en los informes de la ONU.
